martes, 28 de enero de 2014

CURAS, PASTORES, POLÍTICOS Y DISCRIMINADORES

CURAS, PASTORES, POLÍTICOS Y DISCRIMINADORES

POR: JACINTO PINEDA JIMÉNEZ, COORDINADOR ACADÉMICO ESAP BOYACÁ- CASANARE 

Desde curas que se negaron a bautizar hijos de liberales hasta “hermanas” que excluyen de la prédica a discapacitados van las historias de discriminaciones en nombre de Dios. El debate al movimiento MIRA, en pleno proceso electoral, no deja ser otro episodio de las conflictivas relaciones de la triada política – religión y exclusiones, recurrentes en la historia de Colombia. Vamos al pasado, Monseñor Builes, obispo de Santa Rosa de Osos, conocido por su aversión a los liberales pregonaba “Para que veáis que no se puede ser liberal y católico a la vez”. En 1949 advertía “el liberalismo es de izquierdas”, “el liberalismo es socialista”, “el liberalismo es comunista” y “el liberalismo es anticristiano”.

 El activismo de la Iglesia católica a favor del partido conservador indudablemente estuvo relacionado con la violencia bipartidista. Las pasiones y odios que enardecieron y retumbaron desde los púlpitos solo contribuyeron a atizar el conflicto en Colombia. Los liberales fueron discriminados, pues sobre su bandera roja pesaba el estigma de ateos, y ello fue suficiente para justificar más de un crimen. Boyacá y Tolima vivieron con mayor rigor la violencia bipartidista alimentada por esa mezcla de predicadores y políticos, basta recordar la alianza ultraconservadora de los hermanos Cayo Leonidas y Sotero Peñuela, nacidos en Soata, el primero sacerdote y el otro político. Sotero afirmaba que era "la política liberal, anticristiana y liberticida, la que se metía con la Iglesia con el ánimo de destruirla". Justificaba la reacción de la iglesia, pues al hacerlo "defendía los derechos de la sociedad religiosa a la que pertenecían todos los bautizados". 

La Iglesia católica fue desandando esta historia y hoy, a pesar de lo borroso de las fronteras viene desligando religión y política. A medida que el conflicto rojo- azul desvanecía, la iglesia también fue rompiendo gradualmente sus lazos con los partidos políticos y hoy con menos fuerza su voz se escucha en el escenario político. Así como reivindica la paz, los derechos humanos y la solidaridad también discrimina a quienes defienden las banderas de los derechos a la libertad e integridad sexual, por ejemplo. Desde luego en un abanico de posturas, donde residen concepciones tradicionales y modernas. 

 Por su parte las religiones protestantes en Colombia toman fuerza después de la segunda mitad del siglo XX, no sin antes haber resistido una de las mayores estigmatizaciones y discriminaciones por parte de la Iglesia católica y sectores políticos. En 1951, la Conferencia Episcopal reitera solicitud realizada en 1944 de crear Comités antiprotestantes en cada circunscripción eclesiástica. Los cuales tenían entre sus “tareas la elaboración de boletines y hojas volantes, el énfasis en el catecismo, el culto del Santísimo y de la Virgen, las jornadas de oración… Pero también realizar el censo de personas protestantes en cada población”. Monseñor Iván Cadavid, en 1952, afirma que “es el liberalismo el que patrocina el protestantismo, la masonería y el comunismo”. En febrero de 1953, Monseñor Builes expresa “El segundo mal gravísimo es el del protestantismo, que prosigue furioso en su lucha esforzada por arrebatarnos la fe y con ella nuestra nacionalidad, nuestra libertad, nuestra independencia”. Estos discursos fueron dando paso a la violencia, pues varios protestantes murieron bajo el estigma de liberal- protestante y sus templos destruidos, en la denominada violencia de mediados del siglo pasado. 

Las iglesias protestantes continuaron proliferando en gran cantidad de matices, concepciones y prácticas. De igual manera conforman alianzas político - religiosas basadas en la lealtad y ante todo en la fidelidad religiosa. Partidos confesionales que se convierten en un reto para América Latina, pues innegablemente su participación está cambiando los mapas políticos. Quienes desertan del catolicismo encuentran una gran oferta de iglesias, dentro de las cuales las que más tienen auge son las similares al catolicismo donde se destaca “el protestantismo evangélico y pentecostal: cerca del 15 por ciento de la población colombiana ya se autodefine como cristianos”, afirma el sociólogo William Mauricio Bernal. Desde luego estas iglesias van creciendo y al lado de ellas grandes emporios económicos, como la misma iglesia católica. Tema donde el movimiento MIRA está en el ojo del huracán, pero más allá es la discusión sobre las exenciones de impuestos que van en contravía de la equidad y justicia. 

 Ahora las prácticas de estas iglesias son las que generan el rechazo, pues muchas de ellas son excluyentes. De igual manera, incluidas la iglesia católica, dejan entrever un ejercicio arrogante y antidemocrático del poder. En nombre de Dios discriminan y afectan libertades y derechos de sus feligreses, quienes ante la autoridad divina solo atinan a obedecer. A pesar de ser una discusión que se da dentro del ámbito de la iglesia y sus creencias, de todas maneras la afectación de derechos fundamentales vuelve el hecho objeto de lo público y por ende de la regulación Estatal.

El debate al MIRA, la triada religión-política y discriminación hace que los actores políticos y religiosos busquen sobre el desprestigio de este movimiento alcanzar réditos de orden político y religioso. El crecimiento electoral del MIRA afecta intereses de los partidos políticos indudablemente, así como se vuelve en la oportunidad de ciertos sectores preocupados por el crecimiento del protestantismo para doblegar esta tendencia. Esos son los riesgos de combinar política y religión. Somos un país que históricamente bajo la relación iglesia- Política ha discriminado, afectando libertades y derechos de los ciudadanos. Peor, las disputas religioso políticas solo sembraron muerte y desolación en la larga historia de guerras partidistas en el país y hoy algunas prácticas religiosas son realmente excluyentes, afectando derechos humanos y principios fundamentales. Nada sencillo el tema, pues inmersa están las inagotables discusiones morales, éticas, de derecho y de justicia y sus distintas cosmovisiones, que también deben ser respetadas. Lo criticables es que difundan el amor a Dios pero practican un odio hacia prójimo.

martes, 14 de enero de 2014

HECHO DEL AÑO 2013. EL PARO SI, SUS LIDERES NO

EL PARO SI, PERO NO SUS LÍDERES

Indudablemente el hecho del año para Boyacá fue el paro agrario, dada su visibilización, interés e impacto que convirtió al departamento en epicentro de la mirada nacional e internacional. Boyacá asociado en su historia, cultura, economía y política a la actividad agropecuaria fue escenario de una  la más grandes movilizaciones a favor de un sector condenado al olvido.  El  campesino y la ruana fueron el símbolo de una Colombia excluida. 


Distintos sectores marcharon en solidaridad con la justa causa, en ocasiones por convicción y en otras por oportunismo, en medio de un país que ha construido un modelo de desarrollo pensado en lo citadino.  Quizá como manifestación de su propio remordimiento una sociedad que históricamente ha menospreciado el campesino, en un acto de exculpación se volcó a defender la causa; grito que retumbó y estremeció las esferas del centro del poder. Fueron días donde la movilización rompió los paradigmas y estereotipos construidos de un boyacense sumiso y resignado a su suerte; con sorpresa para muchos una primavera boyacense despertaba y marchaba abriendo las cerradas puertas del poder.


Lo que siguió al paro ensombreció su importancia pues de la euforia colectiva pasamos a un moderado optimismo sobre sus alcances, dado que algunos de sus líderes, en una aspiración  legal, terminaron inmersos en el mundo de los intereses e intrigas de la política desvirtuando y opacando los objetivos de la protesta. Si bien las causas del movimiento agrario en unísono fueron consideradas justas, las aspiraciones de participación política de varios de sus protagonistas no fueron recibidas como legítimas por varios sectores.

De otra parte la estrategia de presionar con la amenaza de continuidad del paro terminó desgastando la causa; el espíritu de lucha tiene límites y eso no lo comprendieron los líderes pues resultaba innegable que los efectos de la parálisis no solo afectaba la economía sino que se extendía al ciudadano. Paro si, por lo justo de la causa, pero sus líderes  no son los personajes del año.


POR: JACINTO PINEDA JIMÉNEZ, Coordinador Académico Territorial ESAP Boyacá Casanare 


LAS GUERRAS INCONCLUSAS DEL OCCIDENTE DE BOYACÁ

LAS GUERRAS INCONCLUSAS DEL OCCIDENTE DE BOYACÁ

Por: Jacinto Pineda Jiménez, Coordinador Académico ESAP Boyaca- Casanare

Las guerras “verdes” terminan pero no se resuelven. La propia fórmula pacto- olvido, a la cual hemos acudido históricamente para superar los conflictos, en ocasiones eterniza la violencia. Circulo  donde lo mejor es perdonar, a cualquier precio, antes que enfrentar las circunstancias sociales, económicas y políticas que rodean las denominadas guerras. Por ello planteo la hipótesis que los  pactos privados sin la regulación del Estado solo han contribuido a fortalecer los actores ligados a la actividad esmeraldífera y no a una paz duradera y de la mano del desarrollo para la región.

La violencia en la región es una vieja historia de amargura y frustraciones, incubada en la propia conquista Española que a su paso dejó el exterminio del pueblo nativo Muzo, tras una cruenta batalla que duró 21 años. Así se abrirá la puerta a la historia de codicia y corrupción que va a marcar la conquista y  la colonia y que continuará con la república en una sombra extendida hasta el presente. 
Corresponderá al Banco de la República, en una labor ajena a su misión, administrar las minas de esmeraldas y bajo su sombra el surgimiento de las guerras verdes en los años 60,s del siglo XX. En una tierra de nadie emergerán liderazgos como el de Efraín Gonzalez, Ganso Ariza y otros forjados en la violencia y la ilegalidad. La mina de Peñas Blancas será el escenario de la primera guerra verde que se extenderá a la región y a ciudades como Chiquinquirá y Bogotá. Vendrán los tiempos de las “vendettas entre esmeralderos”; del afán desaforado de guaqueros, campesinos y los más disimiles personajes  atraídos por la esmeralda. Los años 70 serán la locura propia de las oleadas de riqueza, a costa de la pobreza y abandono de la región. La situación violenta lleva al cierre de las minas en 1973, para luego en una historia de suspicacias pasar a manos de los particulares en 1976.
La primera guerra culminará con la derrota del grupo del Ganso Ariza y la concesión de las minas a los victoriosos; en 1978 se firmará un pacto de paz en Tunja, con la presencia de la iglesia, algunos entes del Estado donde los esmeralderos pactan la no agresión pero la situación social de la región permanecerá intacta. Al frágil acuerdo vendrá la agudización del conflicto y la lucha abierta por los yacimientos de esmeraldas, especialmente de Coscuez,  que culminará con una guerra generalizada entre 1984 y 1990. En esta oportunidad el conflicto tendrá una dimensión nacional, pues en una turbulenta Colombia, los actores establecerán  nexos con paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros y los más diversos actores ilegales.  De nuevo el escenario de los pactos, dará a luz el proceso de paz de 1990.  Aunque el proceso es visibilizado y acompañado por algunos entes del Estado, siempre éste se abstuvo de ser garante de los acuerdos. Finalmente la  “efectividad depende de los poderes privados”[1]
Un pueblo fatigado por el rigor de la guerra feliz vitorea el proceso. Abrió esperanzas e hizo soñar con nuevos horizontes, sin embargo los poderes privados prevalecieron como mecanismo de regulación en diferentes esferas de la vida pública. El balance de 23 años trae consigo la permanencia de conflictos entre los compromisarios del proceso, donde el mecanismo de resolución recurrente es la reunión, en la cual los actores reiteran su voluntad de paz ante una infatigable iglesia, pero marchan dejando vivas las causas de los problemas. Ahora no todo es negociable pues atentados, homicidios y demás actos violentos no pueden ser parte de una mesa privada sin la regulación Estatal; por ello lo que ocurre hoy debe ser parte del debate público y de la necesaria verdad para una región que requiere sobreponerse ante los temores y en un esfuerzo colectivo darle norte a nuestro occidente.  
Indudable el drástico descenso de homicidios, 489 en 1989 a 8 en el 2012 (Incluye Chiquinquirá), el surgimiento de alternativas económicos y nuevas cosmovisiones dentro de este proceso de paz. Pero su suerte no debe estar centrada en los actores de la actividad esmeraldífera, sino además en quienes lideran los proyectos económicos, culturales, sociales afincados en las grandes oportunidades que ofrece el territorio. Por ello mesas de diálogo para decidir la suerte de la región deben ser amplias donde los nuevos actores y sueños quepan. Un tránsito a una paz duradera implica como estrategia de diálogo la inclusión de quienes aportan a una visión fundada en las ventajas comparativas y competitivas que ofrece la región pues allí anidan buena parte de las esperanzas de un desarrollo con justicia social, respeto ambiental y oportunidades.  Se necesita de un gremio de esmeralderos con responsabilidad social y una voluntad real de paz, una sociedad civil impulsadora de un desarrollo fundado en el trabajo y la tolerancia. Contar con un Estado  promotor de lo público como escenario de la civilidad y la paz, para romper la larga condena de las guerras inconclusas en el Occidente de Boyacá.





[1] URIBE Alarcón, Maria Victoria. Limpiar la Tierra. CINEP. 1992.P.128

martes, 28 de agosto de 2012

LA VIOLENCIA SEXUAL: UN ASUNTO DE CASA


De acuerdo a las estadísticas del Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF), en el país se triplicaron las denuncias de maltrato sexual  entre el año 2005 y 2010, al pasar de 2.969 a 9.009. Boyacá, siguiendo la tendencia nacional, pasó de 56 el año 2.005 a  156 denuncias en el 2010; teniendo un techo máximo de 220 en el 2009.  El Instituto clasifica dentro de la categoría maltrato sexual  el abuso sexual, acto sexual abusivo y el acceso carnal.







Para realizar un análisis comparativo de Boyacá en el contexto nacional, detengámonos en la relación del número de denuncias de maltrato sexual 2010 y la población DANE del mismo año.  Los resultados son alentadores, nuestro departamento  está dentro de los seis entes que registran un menor número de casos, con una tasa de 12.3 denuncias por cada cien mil habitantes; sin embargo surge el interrogante de si tal cifra obedece al silencio de las víctimas.
Dicha hipótesis toma fuerza cuando comparamos las cifras ICBF y los informes periciales sexológicos por presunto delito sexual que arroja el instituto nacional de medicina legal. Pese a los problemas metodológicos para confrontar los datos, de acuerdo a medicina legal el departamento ha ocupado durante los últimos seis años el décimo lugar en promedio, dentro de 33 entes que son consultados. Si excluimos los antiguos territorios nacionales, junto a Meta, Cundinamarca, Quindío y Casanare somos quienes registramos el mayor número de casos valorados por el instituto mencionado.

 
 Fuente: instituto de Medicina Legal
 

Del año 2005 al 2010, medicina legal ha valorado 4.216 casos por presunto delito sexual en Boyacá, donde 85,67% de los informes periciales se practicó a menores de edad y la mayoría a mujeres. Frente a los presuntos agresores surge otro hecho interesante, pero preocupante, dado que en la mayoría de los casos el agresor es algún miembro del círculo cercano a la persona valorada; de acuerdo a medicina legal, por ejemplo en el año 2009, en las categorías familia, pareja y amigos cercanos se concentra el 50,06% de los casos. El 23,86% de los casos registran como pre­sunto agresor algún conocido (Compañero de estu­dio, conocido de trabajo, profesores, encargados del menor, etc.). Tan solo el 20,20% de los casos registran como presunto agresor a algún desconocido así haya sido posible su identificación por parte de la persona valorado.

En el caso de Tunja, en los últimos 6 años se han valorado 536 casos por presunto delito sexual, siendo levemente superior la tasa de frecuencias de hechos en relación con el departamento. El comportamiento de las cifras en el periodo se caracteriza por un ligero crecimiento de los casos registrados, pero que deben mirarse con preocupación por parte del municipio y la ciudadanía. Frente a las demás capitales de departamento, la ciudad registrar 57 casos por cada cien mil habitantes, en el año 2010,  lo que la ubica dentro de las nueve ciudades capitales con mayor número de casos valorados por presunto delito sexual.






Resulta importante llamar la atención sobre dos fenómenos que se desprenden de las estadísticas de violencia sexual, por una parte la población objeto de las agresiones, es decir los menores de edad y las mujeres, lo cual resulta un hecho vergonzoso para una sociedad y segundo la violencia sexual en el interior de la familia y en la relación de pareja, lo cual agrava la situación de las víctimas de este flagelo, dadas las consecuencias particularmente destructoras por las relaciones de cercanía y lo que significa la familia para el desarrollo moral y humano de la sociedad.

Pese a los esfuerzos institucionales es necesario que la sociedad boyacense en su conjunto,  se imponga como reto erradicar la violencia sexual dadas las devastadoras consecuencias para la sociedad del futuro. Nosotros somos quienes construimos el Boyacá de las nuevas generaciones.

JACINTO PINEDA JIMÉNEZ. Docente ESAP Territorial Boyacá Casanare